Se trata de Cindy Astrid Ulloa Hernández, mujer cercana al clan de los Yunes Linares y Yunes Márquez, acusada de actos de corrupción en su paso por la titularidad de la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, en los dos años que gobernó Yunes Linares.
La nueva funcionaría en el Gobierno de Rocio Nalhe, es acusada de falsificación de documentos, venta de áreas verdes, uso indevido de documentos oficiales y relación con la delincuencia.
Por: Isaac Martínez Pérez.
La designación de Cindy Astrid Ulloa Hernández como Coordinadora de Asesores de la Contraloría General del Estado de Veracruz ha desatado una fuerte polémica entre los mismos MORENISTAS y partidos opositores al actual gobierno. Ulloa, quien se desempeñó como jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Coatzacoalcos durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, es acusada de tener un historial de actos de corrupción.
Las acusaciones contra Ulloa incluyen la falsificación de documentos, la venta ilegal de áreas verdes y la manipulación de registros de propiedad, transformando, según las denuncias, su oficina en un centro de operaciones ilícitas.
Señalamientos públicos, incluyendo la colocación de lonas en Coatzacoalcos, la acusan de corrupción, estafa y robo.
La gravedad de la situación se ve incrementada por la posible conexión entre las acciones de Ulloa durante su gestión y las recientes detenciones de funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial involucrados en la apropiación ilegal de terrenos en Coatzacoalcos y Las Choapas.
La Fiscalía deberá investigar a fondo esta posible vinculación.
El nombramiento de Ulloa genera una profunda contradicción con el discurso público de la gobernadora Rocío Nahle en contra de la corrupción. Si la gobernadora autorizó la designación, se cuestiona su compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad.
Si, por el contrario, el nombramiento se realizó sin su conocimiento, se pone en evidencia una preocupante falta de control interno dentro del gobierno estatal.
Independientemente de las intenciones de la gobernadora, el nombramiento de Ulloa representa un duro golpe a la credibilidad del gobierno de Veracruz y genera una profunda desilusión entre la ciudadanía.
La investigación de la Fiscalía y la respuesta de la gobernadora serán cruciales para esclarecer los hechos y restaurar la confianza pública. El futuro de la Contraloría y la imagen del gobierno veracruzano dependen de una respuesta transparente y contundente a esta grave situación.
